Rita Balboa
Una vasta y extensa polémica nacional e internacional provoco el anuncio del gobierno mexicano de pasar a la Guardia Nacional (GN) como parte de la estructura de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó lo que sospechaban organismos nacionales e internacionales que el mandatario mexicano, la oficialización de la permanencia de la Guardia Nacional (GN) como parte de la estructura de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
La decisión del tabasqueño fue un golpe contundente para la seguridad de los mexicanos, lo peor es que pone a las fuerzas militares hacer el trabajo que corresponden a los civiles, desde luego me refiero a los cuerpos policiacos.
De inicio, sin conocer con detalle, la reforma del presidente López Obrador, ya fue rechazado por diferentes sectores: los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institución (PRI), de la Revolución Democrática PRD) y Movimiento Ciudadano (MC).
Adriana Dávila Fernández, diputada federal por el PAN, adelanto que los legisladores impedirán el paso de una reforma constitucional.
Asegura que de que se formalice la adscripción por acuerdo o decreto se inconformarán jurídicamente y tendrá que ser la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la que determine la validez o no de la decisión presidencial.
Sin utilizar un lenguaje agresivo, la exdiputada de Morena llamó a combatir «el sórdido propósito de militarizar el país», pues, agregó, «se pretende desaparecer la Guardia Nacional y entregar a las Fuerzas Armadas el control del aparato del Estado».
Porfirio Muñoz Ledo fue más allá al señalar que soldados y marinos no son corcholatas y denunció que el Presidente de la República, en grave violación constitucional, pretende desaparecer la Guardia Nacional y entregar a las Fuerzas Armadas el control del aparato del Estado.
No dudo en afirmar que la actual crisis de violencia e inseguridad que se vive en el país, se trata de una guerra interna pactada por el gobierno con el crimen.
Es claro que la mayoría de los partidos y sectores explica que el anuncio que hizo de concretar un acuerdo, viola preceptos constitucionales, como lo que tiene que ver con la adscripción de la GN a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
Es claro que el mensaje es que lo que menos le importa al gobierno federal es la seguridad pública, lo que más le interesa es el control político, se asegura entre políticos de oposición, legisladores y empresarios.
Pero los legisladores están claros que una reforma presidencial de esa magnitud y que daña a la seguridad nacional será rechazada por la bancada de oposición.
Un acuerdo o decreto sería impugnado legalmente, por lo que la decisión tendría que emanar de la SCJN, la cual probablemente se pronuncie en contra también.
El anuncio del presidente Andrés López Obrador puso en alerta a dos organizaciones internacionales que velan por los derechos humanos: la Organización de la Naciones Unidas (ONU) y Amnistía Internacional.
En un breve comunicado que compartió la ONU, señalan que la Alta Comisionada ha insistido en fortalecer las instituciones civiles en México, en asegurar el carácter civil de las corporaciones de seguridad y en que el uso de las fuerzas armadas en seguridad pública debe ser excepcional.
La Alta Comisionada, la chilena Michelle Bachelet, pidió al gobierno mexicano mantener el carácter civil y no militarizar a la Guardia Nacional.
La organización Amnistía Internacional (AI) hizo un llamado «fuerte y claro» al presidente, Andrés Manuel López Obrador, a reconsiderar la decisión de pasar a la Guardia Nacional, cuerpo de seguridad creado en 2019, a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
«Hacemos un llamado fuerte y claro al presidente López Obrador a reconsiderar su decisión de militarizar la seguridad pública del país. No a la Militarización», apuntó la organización en un comunicado.
Política mediática
Más de 300 activistas y colectivos de mujeres de todo el país acudieron al Senado para exigir formalmente la renuncia de Rosario Piedra Ibarra como titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), por presentar ante la Corte una acción de inconstitucionalidad para que deudores alimentarios sean candidatos a cargos públicos en el estado de Yucatán… México se viste nuevamente de luto. Cuatro empleados de una estación de radio murieron sorpresivamente mientras transmitían desde su cabina afuera de una pizzería en Ciudad Juárez, Chihuahua, lo que coincidió con una ola de violencia en esa ciudad fronteriza esa mañana del 11 de agosto. Tristemente, a eso se suma la muerte del periodista sonorense Juan Arjón López, desaparecido desde el 2 de agosto, cuyo cuerpo fue encontrado con signos de violencia el 16 de agosto. Con esto, México duplica la tasa de asesinatos de uno por mes el año pasado a un promedio de dos asesinatos al mes, una lamentable distinción como el país más peligroso del mundo para trabajar como periodista.
