Asesinato de Mariano Abarca sigue impune

Ainer Gónzalez / Diario de Chiapas
Al menos unas 13 empresas mineras han sido denunciadas por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), por irregularidades y ocasionar problemas ambientales en el estado de Chiapas, información que fue denunciada por el activista chiapeneco, Mariano Abarca Robledo, asesinado en 2009, notificó la Red Mexicana de Afectados por la Minería (Rema).
En conferencia de prensa, Miguel Ángel Mijangos Leal, integrante de la Rema, indicó que la Profepa anunció el cierre de 13 mineras que afectan el 14 por ciento del territorio de Chiapas en la zona y, hasta la fecha no hay resultados, informó la Red Mexicana de Afectados por la Minería.
A nueve años del asesinato del activista chiapaneco, Mariano Abarca Robledo, puntualizó que las empresas mineras originarias de Japón y Canadá siguen extrayendo barita y diversos minerales afectando el ecosistema y la salud de los pobladores cercanos a estas minas.
“Se están impulsando más megaproyectos sin que se hayan resuelto otros casos, aquí en Chiapas es muy claro, tras el caso de Mariano no está resuelto por la impunidad, los programas del gobierno siguen impulsando los proyectos extractivistas como plan de desarrollo”, mencionó.
En cuanto a la misión diplomática canadiense, resaltó que el país estaba al tanto de la detención de Abarca, que la misma empresa había interpuesto acusaciones falsas en su contra y, había recibido su testimonio semanas antes sobre los trabajadores de la Blackfire, que estuvieron armados, amenazando a Mariano y otras personas, donde en vez de actuar en correspondencia con la política del gobierno norteamericano, reuniéndose con la familia del activista medioambiental y con la comunidad y dando pasos para garantizar su seguridad, la Embajada de Canadá en México defendió activamente los intereses de la Blackfire “y, después del asesinato de Mariano, procuró públicamente minimizar la importancia del grado de conocimiento que tenía sobre el caso. Por ello, planteamos que la embajada estaba obligada a seguir el código de ética del gobierno canadiense, evitando adoptar una posición parcializada en favor de la compañía en las reuniones sostenidas con funcionarios públicos mexicanos, reuniones en las que abogó en favor de la empresa Blackfire y en contra de las protestas contra la mina”.
Ante la muerte de Abarca Robledo en 2009 y de los problemas ambientales, denunció la corrupción del Gobierno Mexicano y de Chiapas, cuya Fiscalía no realizó el proceso legal correspondiente, por ello solicitaron a la Corte Federal de Canadá que le dé continuidad al homicidio de Abarca.
“En realidad el problema es que ha seguido creciendo, cada vez hay más concesiones, hay un nuevo grupo que está en la categoría de solicitudes, que prácticamente implican la superficie actualmente concesionada”, lamentó.