José Sosa
Es la maldición gitana que sentencia que, justo cuando queremos olvidarnos de nuestros problemas, éstos vuelven bajo la forma más cruel o cínica que puedan adoptar. Así parece ser la relación que los ciudadanos tenemos con el siempre poco agradable fenómeno de la violencia. En estos días, en los que la mayoría de las familias hacen esfuerzos de toda índole para darse unas vacaciones, la violencia, la tragedia y la inseguridad hacen de las suyas para recordarnos que, ni siquiera en esos momentos, se van a ausentar.
En tan sólo dos días, hemos tenido que ser testigos de una nueva matanza absurda en el estreno de una película para niños, un accidente de vacacionistas a escasos kilómetros de su destino de playa, y diversos incidentes en los que han perdido innecesariamente la vida miembros de las fuerzas armadas. Están, además como telón de fondo, los conflictos en Michoacán, el descubrimiento de fosas clandestinas en municipios hasta ahora considerados poco violentos, y las constantes detenciones de supuestos líderes, jefes y sicarios de grupos del crimen organizado. Todo ello configura nuestro momento histórico como algo más propio de la cosmovisión del legendario Boogie El Aceitoso
–el personaje ficticio de Fontanarrosa– que lo que un país de renta media y de enorme potencial turístico esperaría tener, siguiendo las reflexiones de Juan Manuel Asai en La Crónica de Hoy.
Pero más allá de esta trágica e inefable condición de nuestra relación con la violencia, lo que parece pertinente valorar son las evidentes diferencias que se dan entre la percepción social del fenómeno y las posturas institucionales en torno al mismo. La reflexión es cuanto más pertinente, por el hecho de que los múltiples candidatos electos a alcaldías, diputaciones, gubernaturas y el gobierno federal están haciendo planes para atajar los problemas de inseguridad. Dichos planes tendrán que satisfacer nuestras expectativas y, cuando menos en las declaraciones de objetivos y metas, acercarse a lo que cada habitante espera que ocurra.
Una buena forma de aproximarse a las diferencias entre lo que la población piensa y siente de la violencia y la inseguridad, y lo que las autoridades definen como sus prioridades, se encuentra en la consulta de estudios verdaderamente serios. Estudios que, más allá del sensacionalismo y la búsqueda de simpatías, apoyos y financiamientos, profundizan en las relaciones causa-efecto que dan origen y condicionan este tipo de fenómenos y situaciones.
En esta ocasión me he de referir al estudio que me parece el más serio y asentado que he podido conocer y que, como resulta casi obvio describir, es producto de una labor de muchos años y de esfuerzos serios e intelectualmente impecables. Se trata de la obra titulada “El tamaño del infierno, un estudio sobre la criminalidad en la Zona Metropolitana de la Ciudad de México”, cuyo autor es el prestigiado profesor Arturo Alvarado Mendoza. La obra publicada por el también muy célebre El Colegio de México.
La obra en cuestión se integra con cuatro apartados principales y una sección de conclusiones relevantes. La primera sección está dedicada a ofrecer justamente una idea de la dimensiones del problema de la criminalidad en la concentración urbana más grande del país, la ciudad de México. Por extraño que pueda parecer, es una multiplicidad de delitos y variables los que conforman tal problema. Destacan, por su particularidad, el hecho de que el crimen más común es el que tiene que ver con la disputa por la propiedad ajena, los frecuentes problemas de sub-registro o registro equivocado de los delitos, así como que el DF y su zona metropolitana no figuran entre las ciudades más violentas del país. De acuerdo con lo dicho por Alvarado, la ZMCM ocupa desde 2008 el lugar 13 de este ominoso ranking.
La segunda sección del libro aborda la organización y el comportamiento de las policías en la ciudad. Esta parte del libro sólo puede considerarse muy reveladora y aleccionadora en más de un sentido. Los argumentos y explicaciones que llenan más de 140 páginas se basan en un cuidadoso estudio de las interacciones de los cuerpos policiacos con otros actores sociales e institucionales, en el desarrollo de sus funciones. Los datos producidos por la observación son luego analizados bajo la perspectiva de diferentes modelos interpretativos, que permiten comprender algunas de las causas y efectos del fenómeno delincuencial y sus estrechos y aparentemente inevitables vínculos con el trabajo de las policías.
Son dignos de mención algunos hallazgos de esta parte de la obra de Alvarado Mendoza, en la que logra vincular las estructuras formales con las más informales, como es la corrupción. De esta forma, ofrece el concepto de “Robicías y ladrones”. En sus palabras, se trata de la articulación de relaciones que implican “un cálculo de utilidad y de asociación (de colusión) especial, porque este actor persigue a los delincuentes, pero también organiza bandas criminales y obtiene, al menos en el corto plazo, beneficios en ambos campos, de la legalidad y del crimen” (páginas 287-288).
La tercera sección del texto, publicado apenas en enero de 2012, se refiere a la forma en que la política de seguridad pública metropolitana ha evolucionado bajo los gobiernos del PRD en el Distrito Federal. El título de la sección es por sí solo indicativo de las variables e hipótesis que constituyen el agudo análisis ofrecido: la seguridad en una democracia emergente.
A diferencia de las discusiones previas, lo ofrecido en esta parte sí ahonda en las cuestiones de orden institucional y político que son críticas en la definición y alcances de toda política de seguridad pública. El análisis considera íntegramente los gobiernos de Cuauhtémoc Cárdenas, de Rosario Robles, y el de López Obrador, y avanza significativamente en el de Marcelo Ebrard. Sus conclusiones ofrecen una perspectiva que merece y requiere ser tenida en cuenta por ciudadanos y decisores públicos.
La sección final es la que probablemente aporta las reflexiones de mayor utilidad ciudadana, pues se refiere justamente a los vínculos entre inseguridad, participación social y gobernanza. Aquí hay evidencias y argumentaciones en torno al papel que han desempeñado los comités vecinales, en lo que el autor denomina un periodo de encuentros y desencuentros que ha durado más de diez años. Hay además descripciones de casos concretos que abundan y enriquecen lo referido anteriormente. Así se pueden conocer las experiencias de lugares tan disímbolos como Santa Fe, las colonias Hipódromo y Merced en el DF, y el municipio mexiquense de Nezahualcóyotl. El colofón de la discusión lleva, de forma casi inevitable, a preguntarse si verdaderamente lo logrado en el DF es una forma mejor de participación social, por medios institucionalizados. Como es de suponerse, la respuesta es compleja y muestra aristas que obligan a asumir una posición clara y estricta. El lector no puede quedarse indiferente o siquiera dejar de pensar en el asunto.
Como puede verse, y para fortuna de todos, aquí hay un claro ejemplo de cómo la academia puede servir, y de hecho sirve, a los intereses más generales de la sociedad. Mi propuesta es que valoremos esta aportación y le demos cabida en nuestras acciones y reflexiones cotidianas.
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