José Sosa
Una vez más en la larga historia del cambio social, Europa se convierte en el principal campo de experimentación de los acuerdos y políticas que son necesarios para garantizar la subsistencia de esa vieja estructura llamada el Estado. Esa estructura sometida a las más fuertes presiones y vaivenes, pero también la instancia garante de los principales consensos políticos sobre los que se basa el funcionamiento de mercados y la existencia misma de las sociedades contemporáneas.
Así como ocurrió a principios del siglo XX, y durante el periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial, en estos momentos el espacio territorial europeo vive procesos de cambio estructural que podrían dar lugar a un nuevo estado de cosas, relevante no sólo para quienes habitan allí. Tres parecen ser los frentes principales en los que estos procesos están tomando forma.
En primer lugar, la grave situación que afecta las finanzas públicas de la llamada Eurozona está dando
múltiples argumentos para comenzar a pensar en una nueva acepción en torno a lo que convencionalmente se ha definido como crisis financiera o económica. Por lo menos durante los últimos 60 años, tales crisis tendieron a ser consideradas rasgos propios de países y economías en desarrollo, que poco tenían que ver con las naciones política y socialmente consolidadas. Esta idea era válida, incluso, para distinguir a los países de América Latina de otros, como Portugal, España o Grecia, aún cuando estos últimos no formaran parte de la Comunidad Económica Europea durante las décadas de 1960 y 1970.
La acostumbrada referencia a los ajustes “temporales” en los niveles de intervención gubernamental en mercados y sectores sociales, se esta convirtiendo en una expresión del pasado, y su lugar esta siendo tomado por construcciones pesimistas que apuntan a un futuro en el que el desempleo será mayor y los niveles de protección social mucho menores.
En segundo lugar, lo que hoy en día está ocurriendo en el espacio institucional europeo podría ser los prolegómenos de la reaparición de un fenómeno que se pensaba eliminado, o cuando menos, fuertemente moderado por la creación de instancias como el Consejo de Europa, el Parlamento en Estrasburgo y la Comisión Europea: el predominio geo-político y geo-económico de unos cuantos países por encima del resto de los que conforman la Unión.
Esto no quiere decir que en el pasado reciente se haya obviado o acaso olvidado el sobrepeso e influencia que tienen las economías alemana y francesa en el conjunto de la Eurozona, o la tradicional independencia británica en campos como la política económica. Por el contrario, justamente tales sobrepesos e influencias eran la base para pensar y creer en un futuro de equidad e interdependencia entre Estados. La idea misma de un Federalismo Europeo emergente reafirmaba esta creencia o esperanza.
De mantenerse por un periodo mayor a tres años, la necesidad de que los países ricos soporten financieramente a los que enfrentan situaciones críticas es poco probable que las instituciones comunitarias sobrevivan en sus actuales términos. Esto así, por dos razones principales. De un lado, el evidente sobrepeso de las aportaciones económicas de los países ricos al rescate financiero general llevará a que los representantes de los Estados apoyados renuncien de facto a su autonomía decisional, haciendo que las agendas y los temas tiendan a ser definidos y controlados de forma cada vez más limitada.
Por otro lado, las crecientes tensiones sociales en el interior de los países que tendrán que aplicar los ajustes más severos, harán insostenible la idea de que en Europa las decisiones se adoptan de forma plural y equitativa. Una reforma institucional será, por tanto, indispensable para generar nuevos equilibrios, en tanto se arreglan la economía y las finanzas públicas de cada Estado y de la Unión como un todo.
El tercer frente en el que la crisis europea se muestra con mayor fuerza es el social. Y es en este campo en el que, cual historia resucitada que se repite siglo tras siglo al más puro sentido de los ciclos de Kontradieff, las identidades nacionales resurgen y se manifiestan con toda claridad. Más allá de debatir si son o no legítimas las protestas violentas en Grecia o las manifestaciones callejeras en España, lo que no puede ponerse en tela de juicio es que, pese a todo, Europa sigue siendo un mosaico identitario que no reconoce condiciones iguales de vida para todos sus habitantes.
La situación en curso ha servido para recordar esta enorme heterogeneidad, pretendidamente oculta tras el uso simulado de la bandera azul con estrellas amarillas, en actos deportivos o culturales. No es menor el hecho de que fueron los griegos quienes abrazaron con mayor entusiasmo esta práctica. Paradójico para algunos, hipocresía para otros.
Este modelo de Estado serviría de inspiración para que, por igual, proyectos revolucionarios, movimientos de independencia, partidos políticos de izquierda y derecha, y hasta organismos multilaterales definieran y promovieran diseños constitucionales ambiciosos y sistemas de política pública centrados en producir bienestar de largo plazo.
Si ahora Europa decide que la ruta que adoptó al finalizar la Segunda Guerra ya no es sostenible, simple y llanamente porque no conviene a sus intereses más íntimos o poderosos, cabe temer y esperar que sus nuevas decisiones se repliquen y reproduzcan, como ha sucedido en los últimos 200 años. Si esto es así, declaremos entonces muerto el espíritu libertario que por tanto tiempo nos dio esperanza.
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