Lizeth Coello
Diario de Chiapas
El Consejo Estatal de los Derechos Humanos emitió la recomendación 04/2012-R, dirigida a la Procuraduría General de Justicia del Estado y a la Secretaria de Salud del Estado, para que se investigue y determine la probable responsabilidad por el tipo penal de homicidio doloso de los señores Pablo Salazar Mendiguchía y doctor Ángel René Estrada Arévalo, ex gobernador y ex
secretario de Salud del Estado; por el caso de los 33 bebés muertos en el Hospital K de Comitán en diciembre de 2002 y a principios de enero de 2003.
En conferencia de prensa, Pedró Raúl López, consejero de la CDH, detalló que del análisis lógico jurídico realizado al conjunto de evidencias que integran dichos expedientes, el Consejo Estatal de los Derechos precisa que de la investigación efectuada se recabaron diversas evidencias de las que se advierten violaciones a los derechos humanos relativas al derecho a la legalidad y a la seguridad jurídica.
Asimismo, comentó que se exhortó para que se dé vista a la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Relacionados con Servidores Públicos de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chiapas, a fin de que inicie, integre y determine conforme a derecho corresponda la posible responsabilidad penal del señor Pablo Salazar Mendiguchía, ex gobernador del Estado de Chiapas, por haber ordenado el no ejercicio de la acción penal y archivo definitivo de todas las indagatorias relacionadas con las muertes de los bebés.
“Se exhortó también a que se instruya a quien corresponda a efecto de que se tomen las medidas necesarias para indemnizar y reparar los daños y perjuicios ocasionados, como consecuencia de la responsabilidad institucional en que incurrieron los servidores públicos de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chiapas, otorgando a las víctimas una atención integral que les permita retomar el estado físico y psicológico en que se encontrabas hasta antes de la inadecuada procuración de justicia”, agregó.
Por otra parte Jesús Ernesto Molina Ramos, consejero de la CDH, dio a conocer dos recomendaciones más a la Procuraduría General de Justicia del Estado, por el caso de los agraviados Carlos Alejo Paniagua Zúñiga y Janeiro Ruiz Maza.
En ambos casos fuero levantados por elementos de la PGJE y los remitieron a la extinta casa de arraigo Pitiquitos en donde fueron torturados.
Por ello señaló, se recomendó averiguar a los servidores públicos que participaron en los hechos para aplicar las sanciones respectivas y además brindar atención integral a la parte quejosa, agraviada y víctima con el fin de reparar daños.
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