María Elena Álvarez de Vicencio
La falta de ética existe en nuestro país desde tiempos muy remotos. La corrupción que se practica en la Administración Pública se define como “la apropiación de los recursos públicos para beneficio privado” y la solución sería hacer vigente el Estado de Derecho a través del cumplimiento de todas las leyes y normas.
Nuestro pasado histórico nos señala desde la época de La Colonia como un pueblo corrupto; al carecer de bases institucionales la vigilancia que se hacía desde España era muy relativa. Cuenta la historia que cuando llegaba un edicto del rey, el responsable de cumplirlo en la Nueva España, ahora México, se lo ponía sobre la cabeza y decía solemnemente: “Acátese, pero no se cumpla”, así se inició la práctica, ahora generalizada, de buscar siempre una salida para no cumplir las leyes que nos disgustan.
México está calificado por organismos internacionales como uno de los países con mayores índices de
impunidad, lo cual ha formado un gran círculo vicioso: a más impunidad más corrupción. Ante esta realidad las autoridades y los ciudadanos deben tomar las medidas necesarias para aplicar la ley y para denunciar los ilícitos.
Al consolidarse el sistema político con la formación del Partido Oficial, con presidentes de poderes absolutos, en un sistema que en la práctica no tenía contrapesos, la corrupción fue considerada benéfica desde el punto de vista de la lealtad del equipo de gobierno.
El 1 de diciembre de 1952, Adolfo Ruiz Cortines, sucesor de Miguel Alemán, en su primer discurso como presidente, aceptó que había corrupción en el Estado Mexicano, siendo éste el primer testimonio presidencial abierto y directo, en el que se admitía la existencia de la corrupción en el sentido de lucrar con el bien público para el beneficio privado.
Esa cultura que se generalizó en la vida pública, afortunadamente, no permeó totalmente en la vida privada. Los políticos tenían dos clases de moral, una cuando gobernaban y otra dentro de su familia.
La corrupción pública en muchas ocasiones también es apoyada por los ciudadanos, como en el caso de “la mordida” que ofrecen para agilizar los trámites o evitarse las multas. Estas conductas nos degradan como país y son la simiente de delitos mayores.
En las familias, en general, se vivía con una ética de la honestidad, respeto a la palabra empeñada, a decir la verdad, y a no tomar lo ajeno. La escuela también reforzaba estos valores hasta que en el año de 1983 se suprimieron de la educación básica los temas de formación cívica y ética y ahora tenemos dos generaciones de mexicanos formados sin valores y sin el compromiso de cumplir y respetar las leyes.
Se agrega a este sistema la creación de necesidades que fomenta el consumismo y que induce al deseo de poseer casi todo lo que se anuncia. La agrava aún más el cambio de valores que aconseja: “Vive el aquí y el ahora, disfruta al máximo, no te prives de nada”.
Ante esta realidad es necesario que en la vida pública y en la privada volvamos a tomar los conceptos de ética y moral para incluirlos en nuestro sistema de vida.
Considerando la dificultad de que las personas que no han sido educadas con valores éticos desde la infancia, los asimilen en la edad adulta, se cree que la única solución para acabar con la impunidad, será el que las autoridades, de todos los niveles y órdenes de gobierno, sin excepción alguna, exijan el cumplimiento de las leyes.
Cuando un ciudadano incumple la ley para obtener beneficios o evitarse molestias y no recibe ninguna sanción por su incumplimiento, da como resultado que siga violando las leyes, de todos modos no pasa nada.
Una forma de recobrar la confianza de la sociedad en su gobierno es a través de la transparencia, decir el qué y el por qué se hacen las cosas, por qué se tomó una decisión, en qué se gastan sus impuestos, quiénes o quién es el que gana una licitación. Cuánto ganan los diputados y los servidores públicos y cuánto cuestan las obras públicas. Para que exista una real transparencia, la información deberá estar, y así está actualmente, al alcance de quien la solicite sin pedirle identificación ni declaración del fin para qué la pide. La Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental favorece la rendición de cuentas a los ciudadanos, de manera que puedan valorar el desempeño de los funcionarios, contribuir a la democratización de la sociedad mexicana y a la plena vigencia del Estado de Derecho.
A los ciudadanos les corresponde cumplir con las leyes que les tocan; las de tránsito, el pago de los impuestos. También deberán cuidar los bienes de servicio público en las calles y parques y denunciar el mal comportamiento de los empleados públicos cuando conozcan de actos de corrupción, si nos callamos nunca se llegarán a corregir.
Lo más importante es no ser parte de la corrupción, a todos nos conviene cumplir con las leyes y nunca dar “mordida”. Esto puede ser un buen propósito de año nuevo que ayudaría a cambiar la imagen de México.
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