Letras Desnudas
Mario Caballero
En los primeros días de junio, la Organización Campesina Emiliano Zapata Casa del Pueblo (OCEZ) llevó a cabo un plantón en el centro de Tuxtla Gutiérrez, y en el quinto día de las protestas sus integrantes bloquearon los accesos a Palacio de Gobierno y no dejaron salir a la burocracia y a los ciudadanos que se encontraban en el lugar realizando algún trámite. Entre el grupo de ciudadanos, cabe mencionar, se encontraban mujeres embarazadas y niños.
En la madrugada del seis de junio, permitieron que todas las mujeres y los niños pudieran irse. Los hombres que se quedaron durmieron ahí y salieron hasta el mediodía, hora en que los manifestantes se dignaron a abrir las puertas.
Ese mismo día se escuchó la voz de un hombre entre el tumulto que, con pancarta en mano, dijo que hicieron lo que hicieron porque “protestar es un derecho”.
De eso no hay duda. La libre manifestación es un derecho humano consagrado en las constituciones de las democracias liberales como México. Es así que los miembros de la OCEZ están en su derecho de llevar a cabo protestas si no están de acuerdo con la situación que están viviendo en sus comunidades, donde la Alianza de Comuneros Indígenas Tzotziles San Bartolomé de los Llanos ha provocado la quema de casas y el desplazamiento de 221 habitantes.
La pregunta es si eso les daba el derecho de bloquear el edificio gubernamental y literalmente secuestrar a los trabajadores del gobierno junto con un numeroso grupo de ciudadanos.
El tema no es fácil de resolver, pero si apelamos a la máxima de que “tu derecho termina donde empieza mi derecho” entonces podríamos responder que no: los de la OCEZ no tenían ningún derecho a hacer lo que hicieron. Sobre todo, cuando hubo muchas personas, y repito niños y mujeres embarazadas entre ellas, que no tenían nada que ver en el conflicto.
LA POSTURA DEL GOBIERNO
En todo este acontecimiento que a muchos nos indignó y a otros afectó de manera directa, hay un elemento que no ha sido valorado. Esto es, la postura que asumió el gobierno del doctor Rutilio Escandón Cadenas.
Esta postura tiene que ver con el respeto a la libertad de manifestación.
¿Qué hubiera pasado en otros gobiernos?
Sin duda, los integrantes de la OCEZ hubieran sido reprimidos. Pero este gobierno no los reprimió. No les aventó a las fuerzas policiacas y, a pesar de que habían cometido un crimen al retener a funcionarios públicos y sociedad civil, ni siquiera los intimidó. Por lo contrario, los convocó al diálogo, a la unidad y a encauzar sus demandas por estas vías.
Es más, el conflicto de la OCEZ Casa del Pueblo es un tema federal, pero han tenido el acompañamiento a nivel estatal con tal de que se solucionen sus controversias sin dañar a terceras personas. Y nadie en esta agrupación podrá negar que el Gobierno del Estado haya mantenido una mesa de atención permanente con ellos.
Esto, sin duda de ningún género, es señal inequívoca de que en Chiapas impera la democracia y se respetan las libertades, especialmente la libertad de expresión y manifestación. Lo que no es un asunto menor.
RESPETO A DISENTIR
El primer día de su mandato, en su toma de protesta, el gobernador Rutilio Escandón dijo que haríamos historia. Y lo que podemos observar desde aquel 8 de diciembre de 2018 es un cambio claro en la forma de hacer política y de ejercer el poder.
Antes hubo administraciones con un discurso permanente de estigmatización y difamación contra los medios de comunicación y periodistas. Y éste agravó a la sociedad, degradó el lenguaje público y coartó gravemente la libertad de expresión. Sin mencionar que polarizó el ambiente político. En pocas palabras, disentir con el gobernante era condenable.
La censura, las sanciones administrativas, la persecución política, los amagos judiciales, los encierros injustificados y los destierros eran el pan nuestro de cada día. La advertencia para los críticos era callarse o dejar el estado. No había más opciones. Con decir que muchos colegas fueron encarcelados y otros tuvieron que huir.
Esta prohibición a disentir y cuestionar al gobierno alcanzó no sólo a los medios y periodistas, sino también a líderes sociales, políticos y campesinos, grupos ambientalistas, defensores de derechos humanos, dirigentes magisteriales y obreros, activistas y hasta académicos.
Como miembro del gremio periodístico chiapaneco puedo afirmar que estos tiempos son diferentes. Se puede criticar sin ser censurado, amenazado o perseguido.
Recuerdo que hace no mucho tiempo a los editores y columnistas les imponían lo que tenían que publicar o, como se dice en el argot periodístico, les tiraban línea. A veces eran sólo ideas para formar el texto y otras el texto completo que se tenía que publicar sin modificarle una coma y los aberrantes errores ortográficos. Una aberración.
¿Por qué lo permitían los dueños de medios y periodistas? Literalmente, porque no les quedaba de otra. O era eso o la cárcel. O pasar una temporada fuera de Chiapas, alejado de la familia y con todo lo que ello representaba.
¿Sabe que era lo peor? Que se distorsionaba la realidad mediante la difusión de mentiras, hechos maquillados, logros inexistentes y el reprobable ocultamiento de la verdad.
Hoy, en cambio, hay un manejo honesto de la información oficial. El Instituto de Comunicación Social y Relaciones Públicas es precisamente eso, un instituto, un organismo público donde comunicólogos, periodistas con oficio reporteril y expertos en redacción trabajan para que la información sobre el desempeño gubernamental llegue a las manos de los ciudadanos con claridad, sin frivolidades, con pulcritud, con datos comprobables y, sobre todo, acorde con la realidad.
A partir de esa información, de esas crónicas, de esas notas de color y boletines, medios y periodistas pueden cuestionar, analizar y profundizar sobre el desempeño del Gobierno del Estado y los entes públicos.
Lo que es mejor, se valora la crítica y se respeta el derecho a disentir.
OTROS TIEMPOS
Nadie con dos dedos de frente puede negar que el avance democrático tenga como prerrequisito indispensable la confrontación libre de las ideas. Toda sociedad requiere que sus ciudadanos cuenten con la libertad necesaria para cuestionar verdades que se presentan como absolutas y los medios para ejercer esa libertad.
Aplaudo, entonces, que el gobernador Escandón Cadenas esté honrando el derecho a la libertad de expresarse y manifestarse, pues este derecho, en todas sus formas, es fundamental e inalienable, inherente a todas las personas. Pues es, además, un requisito indispensable para la existencia misma de una sociedad democrática, como la nuestra.
No se exagera cuando se dice que estos son otros tiempos para Chiapas, donde el reconocimiento a la labor gubernamental se recibe de quien venga y se respeta la crítica y la oposición sin menospreciar el motivo que la genera.
Por tanto, si se preguntara si en Chiapas existe libertad de expresión la respuesta es sí. Doy fe.
Twitter: @_MarioCaballero
